Ley 30-26: principales impactos para las empresas y cómo podemos apoyar su implementación

La Ley núm. 30-26, promulgada el 18 de junio de 2026, introduce cambios fiscales de aplicación inmediata y escalonada que requieren una revisión integral de las operaciones, contratos, sistemas contables y controles internos de las empresas. Entre las fechas más relevantes se encuentran el 1 de julio de 2026, cuando comenzaron a aplicarse las nuevas tasas de retención, el recargo fiscal del 3 % y la retención del 15 % sobre determinados pagos al exterior; y el 3 de julio de 2026, fecha de entrada en vigor del impuesto de 0.20 % sobre la emisión de cheques y los pagos realizados mediante transferencias electrónicas.

Principales impactos empresariales

Uno de los cambios más significativos es la reducción de 27 % a 15 % de la retención del ISR aplicable a ciertos pagos realizados por empresas dominicanas a proveedores no residentes por concepto de regalías, derechos de autor, licencias de software, publicidad en línea y servicios de almacenamiento de datos. Esta modificación representa una reducción de 12 puntos porcentuales, pero exige revisar contratos, condiciones de pago, convenios para evitar la doble tributación y la clasificación correcta de cada servicio contratado en el exterior. La disposición se aplica a relaciones comerciales entre empresas locales y proveedores extranjeros, no a las suscripciones digitales contratadas directamente por personas físicas.

También deben evaluarse el incremento del ISR para personas jurídicas con ingresos superiores a RD$1,000 millones, cuya tasa pasa a 30 % para el ejercicio fiscal 2026; las nuevas tasas de retención contempladas en el artículo 309 del Código Tributario; el recargo del 3 % por incumplimientos; y el nuevo impuesto de 0.20 % sobre cheques y determinadas transferencias electrónicas. Estos cambios pueden afectar directamente el flujo de caja, el costo de las operaciones bancarias, las cuentas por pagar, los pagos intercompañía, los presupuestos, los contratos con proveedores y la rentabilidad proyectada.

¿Cómo podemos apoyar a su empresa?

Nuestro equipo puede realizar un levantamiento legal, fiscal, financiero y operativo para determinar de forma precisa cuáles disposiciones de la Ley 30-26 aplican a su organización y qué acciones deben implementarse. El alcance puede incluir:

• elaboración de una matriz de impacto y cumplimiento;
• identificación de operaciones sujetas, exentas o pendientes de interpretación;
• revisión de contratos con proveedores locales y extranjeros;
• evaluación de pagos por software, regalías, publicidad digital y servicios en la nube;
• análisis del impacto del 0.20 % en las transacciones bancarias;
• definición de responsables, controles, evidencias y fechas de implementación.

El resultado es un diagnóstico documentado y accionable que permite reducir contingencias fiscales, evitar retenciones o pagos incorrectos, anticipar impactos financieros y demostrar ante auditores o autoridades que la empresa realizó una evaluación razonable y oportuna de sus nuevas obligaciones.

Contáctenos para coordinar el levantamiento de impacto de la Ley 30-26 y desarrollar un plan de cumplimiento adaptado a las operaciones de su empresa.

Este contenido tiene fines informativos y no sustituye una opinión legal o tributaria basada en las circunstancias particulares de cada organización.